Agresiones a costa de oro y plata

comunicación de SEDEM (SEguridad en DEMocracia)
El pasado lunes 28 de febrero del año en curso, defensores y defensoras que se han articulado para resistir la explotación minera en San Miguel Ixtahuacán en el departamento de San Marcos, fueron amenazados y agredidos físicamente. Estas agresiones ocurrieron cuando se movilizaban para realizar un paro, por la falta de voluntad del Gobierno de Guatemala, para aplicar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra la actividad minera de la Mina Marlin propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp.
La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin; además que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las y los habitantes de las comunidades afectadas. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido voluntad por parte del Estado para cumplir con la resolución emitida por la Comisión.
Desde el inicio, esta concesión minera ha presentado diversas anomalías y violaciones a los Derechos Humanos de las miles de familias que viven en los alrededores, pues se realizó sin consultar en forma previa, plena, libre e informada a las comunidades; mismas que han sido afectadas por los daños ocasionados en la salud, en el ambiente y en el territorio del pueblo indígena.

 

Tomando en cuenta los antecedentes y la situación actual, demandamos al Gobierno de Álvaro Colom y a las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en el país:
• La inmediata investigación de los sucesos acaecidos el lunes 28 de febrero, que dieron como resultado la agresión en contra de 60 defensoras y defensores de Derechos Humanos del Pueblo Indígena de San Miguel Ixtahuacán.
• La persecución penal contra las personas que resulten responsables de las
agresiones.
• La inmediata aplicación de las medidas cautelares ordenadas, desde el 20 de
mayo del año pasado, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las miles de onzas de oro y plata que se han extraído de la actividad minera en San Marcos desde el 2005, han sido a costa de la vida e integridad de las comunidades del pueblo maya Sipacapense y Mam, de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el departamento de San Marcos, con la complicidad del Estado guatemalteco que sigue estando al servicio del poder económico.
SEGURIDAD EN DEMOCRACIA

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