Remedo de consulta

elPeriódico, 3 de marzo de 2011.

Remedo de consulta

Estamos frente a un embuste, una patraña.

Helmer Velásquez

El proyecto de Reglamento para el proceso de Consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, presentado por el Presidente el 24 de febrero, es un artilugio para hacer nugatorio el derecho a la consulta.

El solo hecho de pretender reglamentar un convenio internacional –en materia de derechos–, es una intención abusiva del Estado, pues si bien, este es el suscriptor, el espíritu y la letra contenido en los mismos, busca fortalecer derechos ciudadanos, susceptibles de ser conculcados. Para el caso el Organismo Ejecutivo, explica que lo hace en función de la “técnica jurídica”, consideración baladí si contemplamos la magnitud de lo que pretende “reglamentar”: a ese paso, un día, amaneceremos con el reglamento para la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Comentarios sobre la propuesta de reglamento: la primera ocurrencia es la definición misma de consulta, literal c
(Artículo 3): “es un proceso permanente de diálogo y búsqueda de acuerdos de beneficio mutuo”, es decir, no se trata de conocer el parecer “del otro” se le impone insertarse en un diálogo “permanente” que servirá para entretener la nigua, mientras la inversión avanza. De tal forma, la consulta se minimiza y encuadra. Otro elemento pasmoso es el fin del proceso de consulta (Artículo 5): “El proceso de consulta tiene como fin la participación de la representación local de los pueblos… donde incidirán para buscar el mayor grado de acuerdo posible…”. Se obliga a alcanzar un acuerdo. Esto es una violación al derecho al disenso.

Sobre los mecanismos de consulta (Artículo 11): “cumplen la finalidad de aproximar y generar puntos de visión ¡compartidos!… generando la oportunidad de dialogar, intercambiar información y opiniones acerca de las implicaciones…”. Y cierra el artículo “todas las partes involucradas… tienen ¡el deber y la responsabilidad social de desplegar sus esfuerzos para alcanzar el mayor acuerdo posible!”. Los signos de admiración son míos. El pináculo de la ofensa (Artículo 13,
literal d) “los representantes de los pueblos indígenas expondrán… expectativas, prioridades… posibles medidas de mitigación de daños, medidas de protección o reparación o compensación”, se dicta lo que se debe decir. En síntesis, se prohíbe oponerse. Estamos frente a un embuste, una patraña, propia del siglo XVI.

 

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