ACCIÓN URGENTE: GOLPES Y AMENAZAS CONTRA ACTIVISTAS QUE SE OPONEN A UNA MINA

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ACCIÓN URGENTE: Amnestía Internacional (ENGLISH)

GOLPES Y AMENAZAS CONTRA ACTIVISTAS QUE SE OPONEN A UNA MINA

El 28 de febrero, los manifestantes que protestaban contra la mina Marlin, en el suroeste de Guatemala, fueron atacados.  Uno de ellos, Aniceto López, fue llevado a la oficina del alcalde, donde, al parecer, fue golpeado y amenazado de muerte por protestar contra la mina.

El 28 de febrero, 200 miembros de las comunidades del municipio de San Miguel Ixtahuacán protestaron porque el Estado guatemalteco no ha suspendido las actividades de extracción en la mina Marlin, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, en el suroeste de Guatemala.  Las actividades continúan en la mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, S.A. –subsidiaria en propiedad absoluta de Goldcorp–, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos humanos ordenó que se suspendieran hasta que se evalúen adecuadamente los efectos de la mina sobre las comunidades indígenas locales.
Las protestas, organizadas por el Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI), duraron unas 12 horas. Cuando los manifestantes se marcharon, el autobús en el que viajaban fue interceptado por unos hombres que los obligaron a bajarse del vehículo, los golpearon y les robaron. A algunos los separaron del grupo y los atacaron individualmente. Los atacantes separaron a Miguel Bámaca, para quien la Comisión Interamericana ya ha pedido protección del gobierno guatemalteco, y a Aniceto López.  A este último, según los informes, lo llevaron a la oficina del alcalde local, donde lo golpearon en la cara, le robaron sus documentos y pertenencias y lo amenazaron de muerte. Otros resultaron heridos de gravedad, como Fredy González, que tuvo que ser hospitalizado a causa de la lesión que sufrió al ser golpeado con un arma de fuego.

Miguel Bámaca y Aniceto López fueron liberados esa tarde, con heridas graves, y se teme por su seguridad y la de sus familias.  Ya se ha pedido al Ministerio de Gobernación que garantice que la policía los protege.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

n     pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y ataques contra Aniceto López y Miguel Bámaca, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.

n     instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para brindar protección adecuada a los miembros de las 18 comunidades mayas para las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares, y también a los activistas que trabajan sobre las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas a consecuencia de la explotación minera;

n     instando a las autoridades guatemaltecas a adoptar las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a suspender las actividades en la mina Marlin.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 14 DE ABRIL DE 2011, A:

Licda. Claudia Paz y Paz Bailey

Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público,

8ª Avenida 10-67, Zona 1,

Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores,

Ciudad de Guatemala,

GUATEMALA

Fax +502 24119124

Tratamiento: Estimada Sra. Fiscal General


 

Lic. Carlos Menocal

Ministro de Gobernación

6ª Avenida 13-71, Zona 1,

Ciudad de Guatemala,

GUATEMALA

Fax: +502 2413 8658

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro


 

 

 

 

 

 

Y copia a:

UDEFEGUA

1 Calle 7-45 zona 1,

Oficina 2-b,

Ciudad de Guatemala,

GUATEMALA

INFORMACIÓN ADICIONAL

La solicitud de medidas cautelares emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de mayo de 2010 pedía al gobierno guatemalteco que suspendiera la actividad de la mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, S.A. –subsidiaria en propiedad absoluta de Goldcorp–, y que adoptara medidas para prevenir la contaminación medioambiental hasta que la Comisión tome una decisión final sobre la petición que le presentaron las comunidades. La Comisión pidió también al gobierno guatemalteco que tome todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades indígenas.

El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/) visitó Guatemala del 14 al 18 de junio de 2010 para analizar la aplicación de los principios de consulta con los pueblos indígenas de Guatemala, en particular con relación al sector de extracción, y centrándose especialmente en la situación de los pueblos indígenas que viven cerca de las explotaciones mineras de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Al final de su visita, el relator especial declaró que había recibido denuncias de que, en muchas ocasiones, el gobierno guatemalteco había concedido licencias de explotación de recursos naturales en territorios indígenas sin mantener las consultas necesarias con los pueblos indígenas locales. Añadió que había recibido testimonios que afirmaban que había habido acoso y ataques contra dirigentes comunitarios, y dijo que esos testimonios insinuaban que las fuerzas de seguridad y empresas privadas podían estar detrás de esos incidentes.

El 23 de junio de 2010, el gobierno guatemalteco anunció que cumpliría la petición de la Comisión Interamericana de suspender las actividades de la empresa minera, pero al día siguiente añadió que eso llevaría cierto tiempo, ya que había que seguir los procedimientos legales y administrativos. A día de hoy, las actividades de la empresa minera continúan.

La defensa de los derechos humanos es una actividad legítima, fundamental para hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Las autoridades de Guatemala han mostrado una demora injustificada a la hora de adoptar y aplicar un programa de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro, y un protocolo de investigación para los casos de abusos contra ellos. Es fundamental que las autoridades guatemaltecas se tomen en serio su responsabilidad de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos gozan de una protección efectiva para poder realizar su trabajo sin peligro y sin temor, conforme establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1998 (véase: Declaración pública, Índice: AMR 34/005/2010 y carta abierta al fiscal general de Guatemala, índice: AMR 34/004/2010: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR34/005/2010/es y http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR34/004/2010/es )

El Frente de Defensa Miguelense es una alianza de diversas comunidades y organizaciones que se oponen al trabajo de extracción de la mina Marlin. Su objetivo es llevar a cabo acciones judiciales y de resistencia en torno a la actividad minera en San Miguel Ixtahuacán.  El Frente representa a las personas que presentaron la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

AU: 57/11 Índice: AMR 34/002/2011 Fecha de emisión: 03 de marzo de 2011

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