“Las consultas son legales y legítimas”

03/07/11 – 00:00 Huehuetenango, Prensa Libre

“Las consultas son legales y legítimas”

Sectores ambientales de Huehuetenango aplauden la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de frenar, temporalmente, la implementación del reglamento para regular las consultas comunitarias, promovido por el Ejecutivo.

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POR MIKE CASTILLO

Francisco Rocael Mateo Morales, del Consejo de Pueblos de Occidente, asegura, en entrevista con Prensa Libre, que la lucha por el territorio se mantiene.

¿Qué opinión tienen sobre la resolución de la CC?

Es un paso importante, porque frena temporalmente el proceso —de emisión del referido reglamento—; sin embargo, el problema no está resuelto definitivamente, por ello exigimos a los magistrados que anulen el proceso de reglamentar las consultas comunitarias.

También exigimos al Gobierno que sin necesidad de la resolución de la CC, respete, por primera vez en la historia, la voluntad política de los pueblos, ya que es un millón de personas el que hemos participado en la lucha por rechazar la minería y megaproyectos en la región de occidente.

¿Cómo afectaría la aprobación de un reglamento?

En principio, su objetivo es confundir a la opinión pública en relación con las consultas comunitarias que ya se han realizado; segundo, restringe y disminuye el espíritu de la consulta, es decir, el contenido y el significado de este proceso como mecanismo propio y ancestral de los pueblos.

Aparte, el Ministerio de Trabajo no tiene que ser el ente rector de todas las políticas y decisiones de los pueblos indígenas, eso no ocurre en ningún lugar del mundo.

El reglamento es un instrumento de bajo nivel, legalmente hablando, porque es un acuerdo gubernativo que puede ser cambiado o sustituido por cualquier otro gobierno.

¿Qué proponen las organizaciones indígenas?

Queremos regular estos procesos de participación ciudadana. Podríamos empezar por cambiar la Constitución Política, porque la actual sigue siendo racista, discriminatoria y colonial, construida para favorecer a algunas cuantas familias o a sectores privilegiados.

Este es el momento de plantear un proceso que permita ordenar la política económica social y cultural del país.

¿Cuál cree que es el interés del Gobierno por implementar el reglamento?

Tiene que ver con la deuda política y de sectores empresariales que presionan al Gobierno, al que le quedan unos cuantos meses para finalizar su período, para facilitar el ingreso de las empresas transnacionales.

Antes no le ponían atención a las consultas, pero como cada vez hay más, ya lo ven como un problema para sus intereses.

No lo ven como un proceso democrático y de participación ciudadana para la toma de decisiones, sino lo califican como problema.

Se han celebrado 58 consultas en occidente, pero el Gobierno dice que no son vinculantes.

Es una interpretación racista de las leyes nacionales e internacionales. Para nosotros las consultas han sido legales y legítimas porque son respaldadas por acuerdos municipales que garantizan la obligación del Concejo a convocar a estos procesos, y por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Además, la declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, ratificado por Guatemala, da potestad a estos para crear la libre autodeterminación sobre su territorio, incluso, habla de autogobierno.

El problema es la falta de voluntad política y los intereses económicos que existen detrás de la interpretación de las consultas actuales.

¿Cómo reaccionaría la población ante la llegada de una minera en lugares donde ya se hicieron consultas?

Lo que sabemos es que hay un fuerte posicionamiento de las comunidades ante estos temas, lo que pueda ocurrir es impredecible, pero hay un movimiento fuerte en defensa del territorio, eso lo tenemos claro.

¿Cuál es la ruta que tiene que tener el reglamento?

No lo necesitamos, pero si el Gobierno insiste, que se haga con base en las consultas que ya se han efectuado. No entendemos por qué desde las oficinas, los supuestos expertos pretenden reglamentar el trabajo y la experiencia acumulada.

Qué tipo de acciones se esperan?

Vamos a seguir articulándonos a escala nacional. Las movilizaciones van a continuar y la denuncia será trasladada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya efectuamos acciones en el Parlamento europeo, creo que esto va a trascender fronteras si el Gobierno insiste en imponer su reglamento sin el consentimiento de los pueblos.

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