Desalojos violentos son una violación de derechos humanos y victimizan a las poblaciones más marginalizadas de Guatemala

31 de agosto de 2011

Desalojos violentos son una violación de derechos humanos y victimizan a las poblaciones más marginalizadas de Guatemala

Washington, DC — La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, DC se une a grupos locales e internacionales en expresar una grave preocupación por el patrón de desalojos violentos que están ocurriendo en comunidades campesinas e indígenas por todo el país de Guatemala. Los desalojos forzados han sido llevados a cabo por fuerzas estatales con violencia, extrema intimidación y un patrón de destrucción que se asemeja a la política de tierra arrasada del conflicto armado interno.

Los cientos tras cientos de familias, quienes ya se encuentran entre las poblaciones más pobres y vulnerables de Guatemala, son dejadas con poco o ningún acceso a alimentos, agua potable o vivienda. Las llamadas de las comunidades para asistencia urgente y protección de amenazas y de violencia reciben una respuesta de silencio e indiferencia de las autoridades locales y nacionales.

En muchos casos, las fuerzas policíacas y militares han colaborado con las guardias de seguridad privada de las empresas que reclaman derecho a la tierra. Específicamente en el caso del Valle del Polochic, las comunidades reportaron el uso frecuente de fuerzas paramilitares reclutadas de comunidades cercanas y contratadas y armadas por el Ingenio Chabil Utzaj. Las fuerzas estatales y privadas han sido responsables de la muerte de varios miembros de las comunidades, tanto durante los deslojos forzados como posteriormente, actos que han sido cometidos con impunidad.

Los mismos entes encargados de asegurar el debido proceso y el respecto de los derechos humanos antes, durante y después de los desalojos — la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, Fiscales y otros Funcionarios del gobierno local — suelen acompañar el proceso del desalojo como observadores mudos de la violencia que ocurre frente a ellos.

El Estado de Guatemala es responsable de asegurar los derechos básicos de todos sus ciudadanos, que incluyen los derechos a seguridad alimentaria, agua potable, vivienda digna, integridad física y debido proceso. Desalojos forzosos violentos crean un ambiente de miedo y militarización y no resuelven los conflictos profundos que continúan sobre acceso a la tierra.

La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala denuncia la falta de respeto mostrado por el Gobierno de Guatemala por los procesos de diálogo como herramienta para la resolución no violenta de conflictos agrarios y su despreocupación hacia los derechos humanos de sus ciudadanos más vulnerables. Rechazamos cualquier política pública que está dispuesta sacrificar la vida y bienestar de los hombres, mujeres y niños en la defensa decidida de la propiedad privada. GHRC se une a la Comisión Internacional de Juristas en buscar mayor involucramiento de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, una visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada y, sobre todo, un alto a la política destructiva y violenta de desalojos forzosos.

Desalojos forzosos recientes

• El 23 de agosto, aproximadamente 300 campesinos fueron deslojados a la fuerza de su comunidad en la Sierra del Lacandón, Petén. Las comunidades fueron indistintamente acusadas por el Ministro de Gobernación Carlos Menocal de tener conexiones con el narcotráfico. Los desalojos también tienen vínculos a los planes de la Administración del Presidente Álvaro Colom para la construcción de cuatro hidroeléctricas (Cuatro Balam) y un proyecto de desarrollo turístico en lo que Colom ha denominado “la cuna de la civilización maya”. No se ha producido ninguna evidencia de vínculos entre los campesinos y redes de crímen organizado.

• Al finales de julio, 138 campesinos fueron desalojados de la finca Soledad Cafetal en Retalhuleu por cientos de fuerzas estatales. Un hombre se murió de un golpe en el pecho y de intoxicación de gases lacrimógenos, y las viviendas temporales de las familias fueron quemadas por trabajadores de la propietaria. Tres miembros de las Fuerzas Especiales Policiales también fueron heridos cuando las familias repelieron el ataque. Las 250 familias que habían sembrado en el terreno lo habían ocupado durante los últimos siete meses después de ser despedidos de sus trabajos y despojados de la tierra por la propietaria por no haber pagado la cuota de arrendamiento. Los trabajadores avisaron a múltiples agencias gubernamentales que no habían recibido ni el salario mínimo y pidieron acceso al terreno para sembrar sus cosechas de subsistencia hasta llegar a un acuerdo con el gobierno para encontrar tierra asequible para la comunidad.

• En una serie de desalojos forzosos que ocurrieron a partir del 15 de marzo, más de 700 familias de 12 comunidades fueron desplazadas en el Valle del Polochic y dejados sin nada. La familia Widmann, dueños del ingenio Chabil Utzaj, junto con el reciente patrocinador financiero Grupo Pellas de Nicaragua, pidió su desalojo inmediato. Las cosechas de las familias fueron destruidas por completo para que la empresa sembrara su caña de azúcar y palma africana, aquellas siguen viviendo en una situación de pobreza extrema, muchas con acceso muy limitado a alimentos y albergue. Tres personas han sido asesinadas desde marzo y muchas más heridas y amenazadas. A pesar del otorgamiento de Medidas Cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno no ha tomado acción concreta para aliviar la situación precaria de las comunidades.

sources: http://www.ghrc-usa.org/Resources/2011/GHRC_denounces_violent_evictions.htm#espanol

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