Carta a sobre hidroelectricas: “El Estado guatemalteco ha actuado exclusivamente en favor de los intereses empresariales y de la oligarquía local”

Otto Pérez Molina

Presidente de la República de Guatemala

 

Mauricio Bonilla

Ministro de Gobernación

 

Julio Rivera Clavería

Viceministro de Gobernación

 

Sergio Morales Alvarado

Procurador de los Derechos Humanos

 

Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh)

 

Barcelona, 20 de febrero de 2012

El Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad- Universidad Politécnica de Catalunya (GIDHS), observa con profunda preocupación los hechos ocurridos en las poblaciones de Sansiguán, Cunén y Los Regadíos (Uspantán, Quiché) dentro de los conflictos socioambientales generados por los proyectos hidroeléctricos impulsados por la empresa italiana ENEL (represas Palo Viejo I y II).

 

En el occidente de Guatemala se han realizado más de 50 consultas comunitarias que han expresado con claridad el rechazo a las actividades mineras y a la construcción de hidroeléctricas. Estas consultas, realizadas también en los municipios arriba mencionados, se hallan avaladas por la legislación internacional en referencia a los derechos de los pueblos indígenas (Convenio núm. 169 de la OIT, Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas)-

 

Pese a ello, las actividades de la empresa ENEL han seguido su curso, acompañadas de distintas formas de agresión y persecución de las personas movilizadas en defensa de los recursos naturales de sus territorios. En noviembre de 2011, la comunidad El Regadío fue atacada por miembros de la seguridad privada del Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL.

 

Lejos de garantizar la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, el Estado guatemalteco ha actuado exclusivamente en favor de los intereses empresariales y de la oligarquía local. La criminalización de la protesta social se ha erigido como única respuesta, hecho que se constata con las declaraciones del Viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, que menciona que los pobladores y las organizaciones que los apoyan “tienen vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico”. Sin duda, este tipo de discursos recuerda en exceso las viejas prácticas gubernamentales del tiempo del conflicto interno, que llevó al asesinato y desaparición de miles de personas, en su mayoría indígenas, acusadas falsamente de pertenecer a grupos subversivos.

 

Del mismo modo vemos con especial preocupación los señalamientos que desde el Ministerio de Gobernación se hacen en torno a un ciudadano español al que se pretende vincular con el crimen organizado y el contrabando. Sin mencionarlo, el Ministerio hace referencia al ciudadano español de origen catalán Ricardo Busquets, quién ha trabajado como cooperante con el Comité de Unidad Campesina (CUC), organización legalmente establecida y que forma parte de la asociación campesina internacional La Vía Campesina. Busquets, quien colabora además con distintos medios informativos en Cataluña, ha asumido tareas de comunicación, por lo que su labor consiste en filmar con video las actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas.

 

Por este motivo hacemos un llamado al Estado guatemalteco, en su conjunto, y especialmente al gobierno del presidente Otto Pérez Molina para que:

 

Priorice, de acuerdo con las exigencias de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de derechos humanos, el diálogo y los mecanismos de consulta para la resolución de los conflictos socioambientales.

  1. Reconozca la especial vulnerabilidad de las comunidades ante los megaproyectos que afectan a su territorio.
  2. Ponga fin a la impunidad por las agresiones recibidas por las comunidades locales en zonas de conflictos socioambientales, y en concreto en los casos referidos de la región del Quiché.
  3. Respete la vida, la integridad física y el conjunto de sus derechos a los habitantes de El Regadío y al cooperante español Ricardo Busquets.

Atentamente,

 

Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad – Universidad Politécnica de Catalunya (GIDHS)

 

Dr. Javier Álvarez del Castillo

Coordinador Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad.

 

Càtedra UNESCO en Sostenibilitat UPC Cataluña

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