Carta al presidente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala: Ley de Mineria es inconstitucional

CARTA AL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE GUATEMALA

Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre
Presidente de la Corte de Constitucionalidad
Guatemala

5 de abril de 2012

CIDSE es una alianza de 16 organizaciones internacionales de desarrollo de la iglesia católica que desde hace muchos años trabaja con organizaciones que promueven el desarrollo y la justicia social en Guatemala. Hemos tomado conocimiento de la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería vigente del día 12 de marzo presentada ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, entre los cuales figuran varios líderes comunitarios indígenas ejerciendo funciones de autoridad tradicional y otras personalidades de reconocida trayectoria y compromiso en favor del desarrollo del país. Su argumento es que el derecho colectivo de la consulta previa no fue respetado ni garantizado en ningún momento por el Congreso de la República de Guatemala durante el proceso de formulación de la Ley de Minería.

Como alianza de organizaciones internacionales comprometidas con el desarrollo y bienestar de los pueblos, quisiéramos resaltar la importancia de garantizar el debido respeto y cumplimiento de los convenios internacionales firmados por el Estado guatemalteco. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, es un instrumento jurídico internacional vinculante, el cual fue ratificado por Guatemala en el año 1996. Una vez ratificado el Convenio, el Estado se vió obligado a reformar sus políticas públicas, programas y su legislación para respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales regulados en dicho convenio. En este instrumento se establece que los gobiernos deben “consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativa susceptibles de afectarles directamente”, cosa que no pasó en Guatemala. En el año 1997, durante el gobierno de Álvaro Arzú, el Congreso emitió la Ley de Minería vigente que regula la explotación minera sin que se haya respetado el derecho de consulta previa, libre e informada. En un Estado Constitucional de derecho, la Constitución no solo disciplina las formas de producción legislativa sino que impone también a prohibiciones y obligaciones de contenido, correlativas a los derechos fundamentales.

Debido a las misiones que se presentan en este caso concreto, quisiéramos solicitar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que consideren cuidadosamente todos los argumentos presentados. Resaltamos la importancia de discutir con los representantes de los pueblos indígenas una nueva ley de minería, coherente con los derechos humanos regulados en el Convenio 169 de la OIT; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en marzo 20101; el Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya en marzo 20112 y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay en marzo 2012.3

Seguros de que su institución tomará una sabia y acertada decisión, nos despedimos atentamente,
Las organizaciones miembros de la CIDSE

Contacto:
Dra. Geraldine McDonald, CIDSE
C.C.
Mauro Chacon Corado
Hector Hugo Perez Aguilera
Roberto Molina Barreto
Gloria Patricia Porras Escobar

Click aquí versión carta PDF

1 El Comité para la eliminación de la discriminación racial, recomendó que Guatemala “…(b) reforme el marco legal que rige la explotación de recursos naturales de manera que se establezcan mecanismos de consulta previa con las poblaciones afectadas sobre el impacto de dichas explotaciones sobre sus comunidades Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 16 de Marzo de 2010

2 Profesor James Anaya dijo que “… Guatemala tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas en relación con toda medida legislativa o administrativa susceptibles de afectarles directamente, incluyendo en relación con todo proyecto de desarrollo, inversión de infraestructuras, o exploración o explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas o susceptibles de afectar los derechos de los pueblos indígenas sobre estos territorios. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. 4 de Marzo de 2011

3 Sra. Navi Pillay dijo “Quisiera resaltar la necesidad de que el Estado lleve a cabo una revisión exhaustiva de las leyes y políticas existentes relativas a las tierras indígenas, minerías y medio ambiente, en particular una reforma a la Ley de Minería, de acuerdo a los estándares internacionales, de modo que se evite el aumento del numero de desalojos que mi Oficina ha documentado. Declaración de la Conferencia de Prensa de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay, Guatemala 15 de marzo de 2012

fuente: http://copaeguatemala.org/1.html

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