Ministerio de Energía ignoró a comunidades

Siglo Veintiuno, 23 de junio de 2012.

Ministerio de Energía ignoró a comunidades

Ambientalistas afirman que reformas a Ley de Minería no fueron consensuadas
Ministerio de Energía ignoró a comunidades

Ambientalistas aseguran que la nueva Ley de Minería no fue consensuada con las comunidades y busca favorecer a empresarios.
Organizaciones ambientales aseguran que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no los tomó en cuenta para elaborar la propuesta de 30 reformas a la Ley de Minería que cuenta con 15 años de vigencia y sin haber sufrido modificaciones.
El anteproyecto de ley cuestionado incluye como novedad, entre otros, según el MEM, cierres técnicos para evitar problemas para la salud y al ambiente; así como regulaciones para el uso de agua y la obligación de no afectar las fuentes de suministro del vital líquido.
También establece mecanismos para informar a las comunidades y autoridades locales sobre las características de los proyectos mineros y la inclusión de un artículo con la obligación de respetar la pertinencia cultural.
Érick Archila Dehesa, ministro de Energía y Minas, pidió a los ambientalistas informarse sobre los cambios sugeridos para luego opinar. “Están viendo el tema ambiental; no, perdónenme, pero también tiene temas sociales, legales, de salud, usos de agua. El tema ambiental lo trabajamos con los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente. Sentimos que sí están contempladas las aristas ambientales requeridas para una reforma a la Ley. Creo que no han conocido la propuesta de reforma que es lo primero que deberían hacer antes de hablar”, afirmó Archila Dehesa.
“Todo se hace como que fuera secreto”
“Se están planteando nuevas reformas que no conoce la población; es decir, todo se hace como si fuera secreto y a espaldas de las organizaciones. Eso causa dudas y suspicacias. Cuál es la razón para no hacer un diálogo nacional en este asunto y llegar a consensos”, afirmó Vinicio López, del área de desarrollo alternativo de la Pastoral Social de San Marcos.
Leonel Ángel Raimundo, facilitador de la unidad de incidencia de la organización CEIBA con sedes en Huehuetenango y Chimaltenango, coincidió con López, pero en su caso destacó que las comunidades rechazan la minería sin importar el monto de la regalía que se establezca.
Presidente no se define
Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), aseguró que “la inconformidad no es nada nueva, se pasa por alto la participación ciudadana pues no está claro qué va a pasar con las consultas municipales de vecinos e indígenas. Cuando el Presidente fue candidato habló de regalías del 40%, ahora nos sorprende con una de 5%. No se define sobre los pasivos mineros y la garantía de la salud de los habitantes”.
Melini también subrayó que “la Ley tampoco fue socialmente concertada. No es producto de una discusión pública. Creemos que no era el camino adecuado sino discutir en el Congreso una iniciativa que sea concertada y que represente los intereses del país. Más pareciera que responde a los intereses de los los financistas del partido y de las empresas transnacionales”, afirmó Melini.

Así lo dijo

Noticias Sigloxxi Guatemala

  • “Firmamos cooperaciones con Chile y avanzamos en otras. Trabajamos con la industria extractiva y el Ministerio de Ambiente para ver la problemática total”.— Érick Archila Dehesa, Ministro de Energía y Minas

  • “Sondeamos a nivel de comunidades y la mayoría no quieren actividades mineras porque consideran que los daña a largo plazo. Y no se trata de que les dé el dinero”.— Vinicio López, Pastoral Social de San Marcos

Recuadros

Noticias Sigloxxi Guatemala

  • Preocupados por oposición

    Martín Sacalxot, defensor de los Pueblos Indígenas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se unió a la denuncia de los ambientalistas e indicó que existe una preocupación en las comunidades ante la Ley Minería.
    “Se genera ya una oposición porque no hay participación de todos los sectores involucrados, como los pueblos indígenas que del 2004 para acá existen más de 54 consultas”.
    Según Sacalxot, dentro de esta iniciativa se debe considerar el derecho y respeto a las consultas populares, procurando que sean incluyentes.

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