LLEGARÍA EL FIN A LA MORATORIA A LAS LICENCIAS. Nuevo gobierno; nuevas reglas en la minería

LLEGARÍA EL FIN A LA MORATORIA A LAS LICENCIAS

Nuevo gobierno; nuevas reglas en la minería

LUNES 02 DE JULIO DE 2012 13:34
REPORTAJES Y ENTREVISTAS
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Álvaro Colom aseguró que durante su mandato no se otorgarían nuevas licencias mineras para evitar la conflictividad social en las comunidades con potencial extractivo. Esa política cambiaría este año con Otto Pérez Molina al frente del Gobierno y una nueva visión sobre los proyectos extractivos en el Ministerio de Energía y Minas.

POR ÉDER JUÁREZ 
ejuarez@lahora.com.gt

Todo apunta a que nuevas reglas regirán la minería en Guatemala, no solo en términos legales, sino también en la toma de decisiones políticas en torno a los proyectos que se encuentran a la espera de iniciar operaciones en el país.

Erick Archila, ministro de Energía y Minas, dice que la industria extractiva requiere un reordenamiento a partir de una actualización a la legislación vigente –que se instituyó hace 15 años–, por lo que prepara una iniciativa para reformar la Ley de Minería.

“Creemos que es el momento de aplicar una reforma actualizada que conlleve temas técnicos que la ley vigente no contempla     (…) y dejar plasmado de una manera más formal y legal el acuerdo de regalías voluntarias que se llegó a alcanzar en los primeros meses de gobierno”.

Adicionalmente se propone dejar claros algunos parámetros jurídicos de la ley y renovar temas medioambientales y comunitarios, que han sido foco de conflictividad en los últimos años. (Lea: Reformas a la ley)

Pero las reformas no se limitan a la legislación, pues el titular de Energía y Minas también contempla terminar con la política de moratoria a los permisos de exploración y explotación de proyectos extractivos que estableció el Gobierno anterior, como una medida precautoria para evitar el surgimiento de más conflictos sociales.

Archila aseguró que evalúan las solicitudes para instalar proyectos que se plantearon en las administraciones anteriores: “Nosotros nos encontramos evaluando cada uno de los casos y, pues las licencias de exploración y de explotación las hemos estado evaluando poco a poco, pero también hemos otorgado”.

El Ejecutivo también propone un cambio radical en la lógica de la industria extractiva, con la iniciativa de reformar la Constitución para establecer que el “Estado podrá ser el titular de hasta el cuarenta por ciento de la propiedad o participación patrimonial de toda empresa que explote recursos naturales”.

Para eso el Ministerio consolidaría una empresa estatal con capacidades extractivas, la cual no existe en la actualidad; de aplicarse la medida, se acabarían varias décadas de exclusión del Estado en el sector minero.

EL CONFLICTO

En torno a la minería surgen diversos temas que dan lugar a la conflictividad social. Probablemente el de las regalías no sea uno de los puntos más sensibles, pero sí parece importante y determinante.

En la campaña pasada, Pérez Molina dijo que las regalías para el Estado de las actividades extractivas deberían ser de no menos del 40 por ciento, lo cual contrasta con el uno por ciento que manda actualmente la ley y el 5 por ciento que se está pagando como resultado de un acuerdo entre el Gobierno y las empresas extractoras.

Los puntos más críticos en el tema minero son las consultas comunitarias, que tienen vigencia pero carecen de una regulación interna, y el impacto ambiental en las zonas mineras, que tiene efectos sobre la salud de las personas.

Rafael Maldonado, coordinador del Área Legal del Centro Legal Ambiental y Social (CALAS), dice que el reto primordial de las nuevas reglas de la minería, tanto en el ámbito político como legislativo, será evitar la conflictividad y que se respete la voluntad popular cimentada en las consultas comunitarias.

Asimismo dice que se deben establecer normas claras que garanticen la protección del ambiente y un aumento sustancial de las regalías para su uso en la protección de los recursos naturales. “Creemos que las regalías no deberían de andar en no menos del 40 por ciento para el Estado” y se deben de desarrollar zonas de exclusión de actividad minera.

A criterio del activista, aun con las promesas de campaña sobre las regalías y las propuestas de reformas, los esfuerzos del Ejecutivo serán insuficientes para detener los conflictos. “Es algo que el Ministro y el Presidente no quieren ver; hay una gran conflictividad que corre el riesgo de aumentarse, producto de esta política en materia de minería”, señala.

Andrea Hernández, del Colectivo Ecologista Madre Selva, explica que las comunidades rechazan rotundamente las actividades extractivas porque no participan de los proyectos y por ende, no perciben beneficios sobre las actividades que se desarrollan en sus tierras.

Hernández indica que la nueva Ley a la Minería debería desarrollarse de una manera integral y conjunta con las comunidades, para encontrar una vía de desarrollo social y “no al costo de su medio ambiente o, peor aún, de su salud”.

Lejos de las reformas legislativas, Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, considera que “solo  con que la certeza jurídica tuviera una aplicación real en la práctica, nos parece sería una de las políticas más efectivas” y por eso cree que “las compañías que han cumplido con todos los requisitos de ley, deberían de obtener la licencia”.

Según el Presidente de la Gremial, “las empresas mineras no crean conflictos”, ya que al momento de llegar a las comunidades, son grupos ajenos “quienes comienzan a fomentar a través del miedo y la conjetura este tipo de conflictividad”.

Asegura que no se deja de reconocer que existe una conflictividad, pero se tendrá que poner todo el esfuerzo para mantener diálogos constructivos y respetuosos, buscando la manera de hacerlo en un marco legal establecido, y una acción gubernamental, quien es la primera responsable de arbitrar cualquier diferencia, disputa entre los diferentes actores, “que es lo que más ausente ha estado en los últimos 15 años en Guatemala”.

Sobre la propuesta de la participación del Estado en la minería y la industria extractiva, el sector empresarial no ha manifestado una posición.

INFORMACIÓN Y DIÁLOGO

A casi seis meses de tomar posesión, Archila todavía trabaja en el análisis de las nuevas directrices para la minería y en el proyecto de reformas legales, sobre el que existe una expectativa importante de distintos sectores.

El Ministro reconoce que es obligación del Estado armonizar la minería con el medio ambiente y las necesidades sociales, por lo que con cautela dice que se está trabajando en el tema: “El Viceministerio de Desarrollo Sostenible está manteniendo amplios diálogos comunitarios; creemos que es importante un mejor nivel de información que no se ha estado actualizando”.

Sin embargo, con seguridad sostiene que uno de los principales identificados hasta ahora es la falta de información, comunicación y entendimiento, y ese será uno de sus objetivos. “Nosotros hemos tratado la manera de sensibilizar a la población dándoles mayor información y tratando de ser un ente regulador de dialogo comunitario y de diálogo social”, sostiene

El objetivo final es que el Estado pueda participar más activamente en las actividades extractivas, ofreciendo trasparencia con controles de fiscalización, regulación y otorgando órdenes de “caducidad” a los proyectos si se incumplen las reglas, puntualiza el Ministro. “Así es como puede operar más eficientemente el Estado”.

PROPUESTA
REFORMAS A LA LEY

El Ministerio de Energía y Minas trabaja en una iniciativa legislativa para reformar más de 30 artículos a la Ley de Minería, que se encuentra vigente desde 1997.

Los funcionarios de la citada cartera mantienen bajo reserva el proyecto de ley y se limitan a ofrecer a los medios de comunicación una presentación con un resumen de los puntos y mandatos que se plantarán en las reformas:

* Las personas que lleven a cabo actividades mineras no estarán exentas del pago de impuestos.

* Se elevan las regalías de las actividades extractivas –aun sin especificar el porcentaje– y se determinan nuevos procedimientos para garantizar los procedimientos de cálculo y pago de éstas; establece sanciones para quienes reporten datos inexactos sobre el volumen de los minerales extraídos.

* Previo al otorgamiento de las licencias de exploración y explotación, los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente deberán hacer una presentación del proyecto a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo de la jurisdicción donde se encuentre la mina.

* El respeto a la pertinencia cultural y la promoción de las relaciones armoniosas y de mutua colaboración serán reconocidos como la base para la prevención de conflictos sociales.

* Será obligatoria la realización periódica de estudios de salud, antes, durante y al cierre de una explotación minera, que permitan el monitoreo y vigilancia de las condiciones de las poblaciones.

* Se propone la creación de un Sistema Nacional de Información Minera, que permita que se lleven a cabo procesos de investigación, divulgación y planificación de las actividades del sector.

* Establece la creación de un Consejo Minero para facilitar la construcción de una visión compartida de desarrollo local y nacional.

* Señala que el Estado estará facultado para realizar actividades mineras a través de la conformación de una empresa estatal

* Plantea  un cierre técnico de las minas con el objetivo principal de prevenir, minimizar y controlar los riesgos o efectos negativos que puedan generarse sobre la salud y la seguridad de las personas o del medio ambiente en la etapa de post-minado.

* Contempla que las obligaciones de los titulares de licencias de explotación se extiendan hasta que reciban de parte de los Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales los dictámenes que garanticen que concluyó con esta etapa.

* Establece la Creación de un Seguro Ambiental para que el Estado disponga de los recursos financieros para cubrir en forma exclusiva los costos y gastos necesarios de las medidas de cierre.

* Obliga la elaboración de guías técnicas por parte del Ministerio de Energía y Minas cuando se trate de aspectos mineros y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando se trate de aspectos ambientales

PÉREZ MOLINA
PROMESAS DE CAMPAÑA

En la pasada campaña electoral, Otto Pérez Molina dijo que la minería metálica requiere apreciadas inversiones internacionales de capital y tecnología, y que bajo condiciones especiales y estrictos controles ambientales podrían autorizarse.

En las publicaciones de La Hora y del suplemento LH Política quedaron plasmados los ofrecimientos del presidenciable del Partido Patriota, quien llegó a la Presidencia el pasado 14 de enero.

En virtud de que existen altos niveles de conflictividad socio ambiental y de rechazo a este tipo de industria, se respetarían las expresiones de la población y también se garantizaría la certeza de las inversiones vigentes, indicó Otto Pérez Molina.

También  dijo que fomentaría un dialogo nacional sobre la minería, para construir un acuerdo en función del desarrollo del país y que se discutiría una moratoria en el otorgamiento de nuevas licencias.

Al mismo tiempo aseguró que propondría una Ley de Minería para regular estrictos controles ambientales, la protección del agua y de la salud humana, y que además fomentaría la participación ciudadana y el derecho de consultas, así como un incremento de regalías digno para el país y los guatemaltecos.

En ese entonces, Pérez Molina señalaba que las reglas y controles ambientales no se debían de percibir como obstáculos al desarrollo y a la inversión privada, pues a su criterio son oportunidades para garantizar estándares internacionales e índices de desempeño ambiental y fomento de la competitividad del país.

“Es algo que el Ministro y el Presidente no quieren ver; hay una gran conflictividad que corre el riesgo de aumentarse producto de esta política en materia de minería”
Rafael Maldonado
CALAS

“Creemos que es el momento de aplicar una reforma actualizada que conlleve temas técnicos que la ley vigente no contempla     (…) y dejar plasmado de una manera más formal y legal el acuerdo de regalías voluntarias que se llegó alcanzar en los primeros meses de gobierno”.
Erick Archila
Ministro de Energía y Minas

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