Defender Guatemala

Defender Guatemala

El Consejo de los Pueblos de Occidente le puso una brasa candente a la Corte de Constitucionalidad cuando, el 2 de marzo, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería. El argumento jurídico es que esa ley viola el derecho de consulta previa, libre e informada de los Pueblos Indígenas; y los preceptos contenidos en los artículos 44 (Derechos inherentes a la persona humana), 46 (Preeminencia del Derecho Internacional), 66 (Protección a grupos étnicos) y 149 (De las relaciones internacionales) de nuestra Constitución,  toda vez que el Convenio 169 de la OIT es un instrumento jurídico vinculante, ratificado por Guatemala en 1996. Según el convenio, los gobiernos “deben consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas…”.

El Congreso de la República emitió la ley de minería en 1997, que regula la explotación minera, pero el Estado nunca ha respetado el derecho de consulta ni ha garantizado los derechos fundamentales regulados en convenios de derechos humanos que ha ratificado. La buena noticia: la CC le dio trámite a la acción de inconstitucionalidad y fijó fecha para la vista pública: 19 de julio, la cual cambió intempestivamente para el 20 de julio.

Esto supuso un esfuerzo adicional para los representantes de los pueblos, que no viven precisamente a la vuelta de la esquina; y a pesar de eso hubo participación masiva en la vista pública. La mala: el engorroso incidente al inicio, que delató el miedo de los abogados del sector empresarial —pues entraron por las puertas traseras, como si los indígenas reunidos en la entrada del edificio fueran peligrosos— ¿o fue tratamiento racista? Una corte compuesta exclusivamente por magistrados mestizos escuchó los argumentos de los profesionales e interponentes indígenas y la posición de la Cámara de Industria. Según el abogado de los mineros, la Ley de Minería llenó todos los requisitos para su aprobación y no es excluyente. Los 20 días que la CC tenía para emitir su resolución ya pasaron. ¿Cómo va a resolver la CC?

Muchos recursos se han invertido, y se siguen invirtiendo, para convertir a Guatemala en país minero: las insultantes regalías voluntarias, el esfuerzo publicitario para convencer a la población de que Montana es la empresa que más impuestos paga en Guatemala (mientras la Cepal afirma lo contrario) o la estúpida pretensión del sector minero canadiense de meter sus manos en nuestra legislación son los ejemplos más recientes.

No importa cuánto hayan invertido, Guatemala no tiene ni las mínimas condiciones necesarias para que la explotación minera pueda ser beneficiosa. Además de destrucción y contaminación, la minería está generando más corrupción, violencia y conflicto social. Si los magistrados se atreven a resolver con apego al espíritu de nuestra Constitución, se podría empezar a desmontar el andamiaje legal que permite a funcionarios y empresarios negociar impunemente con la riqueza mineral de Guatemala. Los Pueblos Indígenas están haciendo lo que debería hacer toda la población: defender Guatemala.

MAGALí REY ROSA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: