Minería: un Estado débil y altos niveles de impunidad alientan violaciones a los DDHH en Guatemala, señala estudio de FLACSO

Minería: un Estado débil y altos niveles de impunidad alientan violaciones a los DDHH en Guatemala, señala estudio de FLACSO

 

 

–          Libro  “La industria extractiva en Guatemala: Políticas Públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2011” fue presentado este miércoles.

Ciudad de Guatemala, 5 sep. (Redacción-FLACSO-Guatemala) – El Estado de Guatemala, en un contexto de debilidad y fragmentación, además de altos niveles de impunidad en el país, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos dentro de la dinámica de la industria extractiva en el país, señala un libro presentado hoy por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Guatemala: “La industria extractiva en Guatemala: Políticas Públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2011”.

“Las comunidades no tienen derecho a veto y, por el contrario, se les impone un modelo económico y social que rompe su propio tejido social y los expone a graves riesgos por la potencial contaminación que esta industria provoca”, dijo Simona Yagenova, de Flacso-Guatemala, coordinadora de la investigación.

Estos impactos ocurren como consecuencia de un débil marco jurídico-institucional y los fuertes intereses de las compañías transnacionales, señaló.

Un panel de comentaristas del libro, integrado por FloryYax, de la organización Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN); Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA); Claudia Dary, de FLACSO; y VitalinoSimilox, del Consejo Ecuménico de Guatemala (CEG), calificó positivamente el documento y lo definió como un aporte que ayuda a comprender las distintas dinámicas que rodean la industria extractiva en el país.

El Dr. Similox señaló que no existe en Guatemala ninguna institución que defienda los intereses de las comunidades, por lo que coincidió con las autoras en el sentido deseñalar que una de las tareas que impone el problema es: “fortalecer la institucionalidad estatal frente a la industria extractiva”.

Comentó que, tal como se consigna en el libro, el papel del Estado en este tema es “débil, disperso, poco efectivo, para el control, evaluación y seguimiento a la industria extractiva”. Eso sí, advirtió: “se han dedicado a otorgar licencias”.

Remarcó que el libro da cuenta de 122 licencias de exploración y explotación minera hasta el 22 de octubre de 2010 en 20 de los 22 departamentos, especialmente con mayoría indígena, tales como San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal.

En cuanto al segundo actor, las empresas, dijo que éstas se caracterizan por su “afán de lucro, y por su voracidad” y que “imponen su punto de vista sobre el desarrollo, provocando conflictividad social, rompiendo o debilitando más el tejido social, descalificando y persiguiendo jurídicamente a los líderes que se oponen a ellos”.

Respecto a las comunidades afectadas y el ejercicio de resistencia, comentó que “sólo del año 2005 al 2011 hubo más de 4.685 protestas, organizadas, protagonizadas por nuestros hermanos del área rural, comunidades, pueblos indígenas, que también realizaron 58 consultas en 8 departamentos del país, en las que se dijo de manera contundente y rotunda: no a las minerías”.

Hablan los representantes de las comunidades

Durante la presentación del libro, intervinieron representantes de las comunidades afectadas por los proyectos de exploración y explotación minera.

“En Sipacapa, la empresa Montana hace alarde de prepotencia y viola el resultado de la consulta (comunitaria, de 2005) y tememos por la contaminación de las fuentes de agua. En la empresa trabajan 300 familias, pero el municipio tiene más de 18.000 habitantes, es decir que sólo unos pocos se benefician mientras las consecuencias las cargamos la mayoría”, dijo Ancilia Cruz, representante de esa comunidad.

Cruz junto a representantes de otras comunidades afectadas: San José del Golfo (Guatemala), San Miguel Ixtahuacán (San Marcos), San Rafael Las Flores (Santa Rosa) y Cerro Blanco (Jutiapa), asistieron como invitados a la presentación del estudio.

“Nos ha dolido en las comunidades, porque han manipulado y criminalizado la resistencia que mantenemos como personas y como seres humanos frente a la minería y el gobierno está a favor de las empresas ¿cómo es posible que el gobierno esté a favor de las empresas y no considere la situación y el riesgo de las comunidades?”, dijo Humberto Velásquez, representante de San Miguel Ixtahuacán.

Óscar Morales, un dirigente de la comunidad de San Rafael las Flores, en el departamento de Santa Rosa (este), dijo que los proyectos extractivos, desde el punto de vista de las comunidades, “no son viables” en lo social, ambiental y económico.

“En lo social nos divide, en lo económico porque no representa una vía para nuestro desarrollo y en lo ambiental porque contamina las fuentes de agua y acaba con los bosques para nuestros hijos”, dijo.

 

Desarrollo del libro

El libro señala que la actual dinámica de la industria extractiva en Guatemala comienza a marcarse con el cambio de la ley, en 1997, y se activa de inmediato con el proceso de adquisición de terrenos por parte de la transnacional Goldcorp en las áreas de exploración y explotación minera en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, ambos en el departamento de San Marcos, después que el Estado le otorga las licencias respectivas.Esta es una de las conclusiones más relevantes, dijo Yagenova.

Según el estudio, la actual dinámica de la minería en Guatemala marca el modelo político y económico que se ha venido impulsando, desde entonces, en el país y que se basa en la explotación de los recursos naturales sin consulta previa con las comunidades afectadas por los diferentes proyectos.

El libro, estructurado en cuatro capítulos, aborda una temática en la que intervienen múltiples factores que interactúan y se condicionan dinámicamente, como son el Estado, la industria extractiva y el amplio repertorio de acciones colectivas libradas por una diversidad de fuerzas sociales quienes se han posicionado críticamente frente a un modelo económico que se basa en la explotación de los recursos naturales.

El análisis respecto al Estado en su relación con la industria extractiva está contenido en el Capítulo I del Libro.

En este sentido, el texto expone que la posición del Estado es comprensible solamente a partir de un examen del marco jurídico-institucional que dictamina su accionar, tales como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y  la Ley de Minería actual.

En este Capítulo se analiza críticamente el accionar de esta institucionalidad estatal, sus debilidades y contradicciones, aplicados a los casos de la Mina Marlín, ubicada en San Marcos y el proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en Jutiapa.

En el Capítulo II se evalúa la situación de los derechos humanos de los/as trabajadores y comunidades en cercanía de estos dos proyectos mineros enfocándose en: a) el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, tierras y territorios; los derechos laborales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la paz y cohesión social, a un ambiente sano y  los derechos de las mujeres. Es aquí donde se constata la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos.

El Capítulo III brinda una perspectiva del amplio y diverso repertorio de acciones colectivas que diversas fuerzas sociales guatemaltecas han implementado a lo largo de los últimos años para visibilizar la problemática y responder a lo que consideran violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas. De especial importancia, se considera las realizadas por organizaciones ambientales, y los pueblos indígenas.

La última sección (Capítulo IV) comparte algunas valoraciones finales y los retos que se enfrentan. Un tema que yace en el fondo de la problemática es ciertamente el tipo de modelo político y económico que se ha implantado en el país. El estudio constata que la estructura política formal demuestra una creciente incapacidad para canalizar o responder a los anhelos transformadores de las fuerzas democráticas y sociales.

En la introducción del texto, la coordinadora plantea que en un contexto global de crisis es más necesario que nunca democratizar la democracia, abriendo amplios espacios de participación y decisión de la población, y viabilizando el derecho al veto cuando se trata de políticas que impactan sobre el bien común. “Sólo así, tendrá sentido y futuro la “democracia” guatemalteca”, subraya.

Estadísticas oficiales

De acuerdo con el Banco de Guatemala, en 2011 el país exportó metales y piedras preciosas por un monto de 941,6 millones de dólares y representó, con un 9.0 por ciento de la estructura global, el tercer rubro en importancia del total de las exportaciones, después del café y los artículos de vestuario.

Este rubro, de acuerdo con los datos del Banco de Guatemala, tuvo un incremento de 79,8 por ciento respecto al registro alcanzado un año antes (2010).

A la presentación fueron invitados legisladores, especialmente los involucrados en la Comisión de Energía y Minas y los ponentes de las distintas iniciativas de reforma a la ley, representantes de las empresas dedicadas a la industria, académicos, investigadores, ambientalistas, representantes del movimiento social e indígena, funcionarios de Gobierno y representantes de las comunidades afectadas.

Guatemala, 5 de septiembre de 2012.

 

 http://www.flacso.edu.gt/portal/?p=8984

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