Horchata en las venas

Querer reducir la discusión de los proyectos de exploración y explotación minera a una cuestión meramente económica es un error recurrente, porque la minería tiene impactos en muchos ámbitos. Pero si nos enfocamos en lo económico, el acuerdo de aumento voluntario en el monto de regalías -del 1 al 3% en metales no preciosos y del 1 al 4% en metales preciosos- resulta ridículo dadas las ganancias millonarias reportadas por las empresas: solo la mina de oro Marlin, en San Miguel Ixtahuacán, aumentó sus ingresos en 507% entre el 2008 y el 2010.

En el 2011 generó ganancias de producción de Q4 mil 716.9 millones, un aumento de 125% a lo que obtuvieron en el 2010 y por ningún lado se vio que los ingresos para el Estado aumentaran. Además, el cumplimiento del pacto voluntario depende exclusivamente de la “buena voluntad” de las empresas y de la estabilidad de los actuales precios de los metales.

Solo queda preguntarse si los guatemaltecos tenemos horchata en las venas, en vez de sangre, por permitir que nos esquilmen de esta manera. Y si a la miseria que se queda en el país por la explotación de nuestros recursos, le agregamos la contaminación que permanecerá por el uso de materiales tóxicos y contaminantes; estamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones que tendrán que lidiar con un problema que les endosamos.

Sentados cómodamente en un escritorio de una oficina de la capital, o en la sala de nuestra casa, a donde se supone nunca llegará el impacto que sobre las personas produce la extracción minera, es muy fácil tildar a quienes habitan las comunidades rurales, donde se ubican las minas, de “ignorantes y opuestos al desarrollo”. Porque son sus hijos y no los nuestros, los que sufren desde ya los efectos de la minería de metales. ¿Qué ocurriría si la descarga del dique de colas amenazara con contaminar el pozo de agua que surte a los condominios en la capital o en “carretera a El Salvador”? ¿Es qué acaso no iniciaríamos una batalla legal para impedirlo?

Por eso son legítimas las acciones emprendidas por los pueblos indígenas y sus organizaciones, incluida la acción de inconstitucionalidad general total contra la ley de minería que viola varios artículos constitucionales y también el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, que mandata la consulta libre, previa e informada frente a medidas legislativas y administrativas que les afecten.

Y la explotación minera a cielo abierto les afecta, y mucho. Y no solamente violenta sus derechos a la salud y la vida, sino atenta contra su cultura, sus valores, su forma de ver y entender el mundo. Tratar de entender eso desde la visión occidental del desarrollo resulta sumamente complejo y por eso nuestro sistema jurídico les ha dado tantas veces la espalda.

Un enorme precedente sería que la Corte de Constitucionalidad —unánimemente— resolviera declarando inconstitucional la ley de minería para abrir la puerta a un debate serio y profundo que concluya en la redacción de una ley de beneficio colectivo, donde la dignidad nacional —esa que perdimos hace ratos frente a las transnacionales— y los derechos de los pueblos se hagan valer.

Marielos Monzón

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