“Una cosa es instalar proyectos hidroeléctricos; otra, que pretendan hacer el negocio de su vida”

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120930/domingo/218579/

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“Una cosa es instalar proyectos hidroeléctricos; otra, que pretendan hacer el negocio de su vida”

Erick Archila,
Ministro de Energía y Minas

Beatriz Colmenares

 

elPeriódico presenta la primera de su serie entrevistas a ministros del actual gabinete, el primer corte de caja.

 

¿Qué objetivo fundamental se ha trazado en esta cartera?

– Son varios: impulsar al sector de hidrocarburos; mejorar y estimular al minero. Asimismo, que Guatemala se convierta, en líder de la región centroamericana. Energía y Minas es uno de los ministerios con mayor capacidad de proveer recursos al Estado.

 

Usted habla de lo que busca. ¿Y el cómo?

– Estamos por licitar, a nivel internacional y obedeciendo a un plan estratégico, las siete áreas de explotación petrolera más importantes del país, para así revertir la tendencia hacia la baja de la producción local.

 

¿Cómo hacerlo sin afectar al medio ambiente o sitios arqueológicos? Los yacimientos petroleros están en Petén.

– El Estado de Guatemala percibe, hoy, Q1 millardo por ingresos petroleros. Si no se hacen cambios, se reducirán a cero en 2025. Se extraen 10 mil barriles diarios, y la meta es quintuplicar esta producción en 10 años. Todo esto sin dañar sitios arqueológicos. Los yacimientos están fuera de zonas núcleo y la tecnología es de alto nivel. En esta industria, el mayor peligro se suscita en las plataformas del mar, pero en tierra son muy limitados los daños ambientales.

 

Este petróleo, ¿sería consumido a lo interno?

– Sí, y también podría venderse. Guatemala consume 70 mil barriles de petróleo al día. No esperamos ser autosuficientes, pero al quintuplicar la producción, los ingresos al Estado pasarían a ser Q5 millardos anuales. Ello supera, con creces, cualquier reforma fiscal.

 

¿Qué me dice de la generación de empleos?

– El potencial es limitado, porque la extracción es altamente tecnificada. Nos enfocamos en los recursos que puedan ingresar a las arcas nacionales.

 

¿Existe interés en estos yacimientos?

– Hemos estado presentes en rondas petroleras en Canadá, Colombia, México, Uruguay y Houston, en Estados Unidos. Más o menos 150 empresas están interesadas en estudiar las bases de licitación, que son de orden público.

 

¿Cuándo se concretarían las ofertas?

– A finales de año. Los gobiernos anteriores licitaban en el último año de su gestión. Ahora queremos darle acompañamiento a los inversionistas que resulten favorecidos.

 

Además de petróleo, Guatemala es rica en níquel, oro y plata. ¿Qué visión tiene de eso?

– Alrededor de 20 por ciento del Producto Interno Bruto de Ecuador, Colombia, Perú y Chile depende de la industria extractiva. En Guatemala es el 1.5, a pesar de su potencial. Haciéndola de forma diferente, la minería tiene futuro: con responsabilidad, cuidando al medio ambiente y dando participación a las comunidades, bajo un esquema distinto. Por ello reactivamos el Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Hoy, 15 personas que trabajan en equipo están involucradas en diálogos, sensibilización de proyectos y resolución de conflictos, y además trabajan de la mano con los comisionados para el diálogo.

 

¿Prever antes de reaccionar?

– Durante el período de transición, y antes de ocupar este puesto, desarrollé una planeación estratégica para el sector, la cual incluye reformar la ley de minería. La legislación actual data de 1997, cuando no existía la industria. El Presidente me encomendó esta tarea y está lista para presentarse al Congreso.

 

¿Qué contemplan las reformas?

– Modificamos 35 de 80 artículos. A las empresas se les pedirá un seguro ambiental y se reforzará su fiscalización. Asimismo, se incluirán más temas relacionados con salud. Las regalías ya no serán voluntarias. Se creará el Fondo Minero, para transformar como se benefician las municipalidades. Hoy, solo San Miguel Ixtahuacán recibe réditos por la presencia de la mina Marlin. Con los cambios, serían todos los municipios de San Marcos.

 

Se asegura que las municipalidades no pueden administrar de forma eficiente estos recursos adicionales.

– El proyecto de San Rafael Las Flores, tan cuestionado últimamente, es ejemplo de ello. Hoy, la comuna administra Q3 millones. Al empezar la mina a operar, recibirá Q80 millones. Gran parte del descontento y conflicto se genera porque las municipalidades cercanas no recibirán más beneficio que el comercio que se desarrolle en los alrededores. En San Miguel Ixtahuacán hoy hay bancos, diversos negocios y 1,500 empleos que antes no existían.

 

La oposición a las industrias extractivas está presente en muchas comunidades. ¿Cómo resolver eso?

– Lo primero es revertir los malos manejos. Los empresarios también son responsables por no haber hecho mejor las cosas. Es importante informar a la población en qué consisten los proyectos y qué implican, lo cual será una obligación legal. Firmamos un acuerdo de cooperación técnica con Chile, país líder de la industria en Latinoamérica, para poder poner en marcha modelos replicables en el país. Somos ya miembros de la iniciativa de EITI del Banco Mundial, vinculada con la transparencia de las industrias extractoras, y esperamos obtener su certificación. Seríamos el segundo país en América Latina en obtenerlo.

 

Un buen aval para los inversionistas.

– Más que nada, para el país. Representa una garantía de que los ingresos obtenidos por el sector se manejan de forma transparente.

 

¿Qué hay de mejorar el porcentaje de regalías que pagan las empresas?

– El pago voluntario, un logro de los primeros días de este gobierno, ha sido criticado por ser escaso, pero se ajusta a parámetros internacionales. En Colombia, es del 4 por ciento; en Argentina, del 3 por ciento. México no contempla remuneraciones y ha otorgado 20 mil licencias de explotación y exploración en los últimos tiempos. Montana es el tercero o cuarto contribuyente más grande de Guatemala. La nueva ley no solo eleva el porcentaje contemplado hoy, que es del uno por ciento, sino también contiene controles de fiscalización. Por otra parte, el canon minero se elevó 900 por ciento: hoy, quien desee efectuar un estudio de exploración debe invertir entre Q500 mil y Q700 mil, lo cual elimina la especulación. Solo compañías profesionales pueden participar.

 

¿Cuándo llegarán estas reformas al Congreso?

– El presidente Otto Pérez Molina ofreció que en 30 días estarán en el Legislativo. Esperamos su aprobación, aunque sabemos que hay detractores. El sector extractivo no las ve con buenos ojos, porque cambia las reglas del juego. Si hoy Montana tuviese un problema bursátil y quebrara, no está obligada a hacer un cierre técnico de la mina Marlin. Esto cambia en las reformas. También se establece la creación de una empresa estatal, por si, en el futuro, pudiésemos tener participación accionaria en una compañía, como ocurre en todos los países de Latinoamérica.

 

¿Estaba de acuerdo con la reforma constitucional que procuraba la participación del Estado de una porción accionaria de los proyectos?

– No. Por ello hicimos una presentación a la comisión encargada de las reformas. Hoy, la participación del Estado en el sector petrolero es de 42 por ciento, mayor de lo contemplado en la reforma. Esto es una materia para leyes ordinarias y debe ser optativa. No todos los inversionistas desean ser socios del Estado.

 

Pasemos al tema hidroeléctrico. ¿Se benefician solo los inversionistas privados en estos proyectos?

– Desde enero trabajamos con la gremial de energía renovable para demostrar todo lo contrario: en los sitios donde se están instalando proyectos, por lo general en áreas remotas, se están generando empleos que de otra manera no existirían. Para que Guatemala cambie tiene que haber una modificación en la matriz energética y ello está enmarcado en una política pública para los primeros 15 años.


¿Concentrada en generación hídrica?

– El 60 por ciento, como mínimo.

 

¿Y el resto?

– Biomasa y fuentes no renovables como carbón, geotermia y gas natural.

 

¿Búnker?

– Reducido al máximo. En los años ochenta Guatemala obtenía su energía en un 90 por ciento gracias a hidroeléctricas. Pero la población creció, la demanda también y los proyectos de este tipo quedaron estancados, por lo que empezamos a depender de otras fuentes.

 

¿Qué es mejor, contar con megaproyectos o muchas pequeñas hidroeléctricas?

– Necesitamos de ambas. Guatemala tiene un potencial de 6 mil megas y solo aprovechamos el 15 por ciento.

 

¿Cómo enfrentar la oposición a estos proyectos?

– Se adversan porque no se comprende aún que esta es una energía limpia que no genera daño ni agota las fuentes de agua; más bien las limpia. Recién inauguramos un proyecto en Las Conchas, en la Franja Transversal del Norte, que beneficiará a tres mil personas.


Sin embargo, en muchos casos, las personas no pueden pagar la tarifa.

– Lo cual no obedece a la tarifa en sí, sino a cobros que efectúan las municipalidades, como alumbrado público. Hemos detectado que en algunas comunas equivale al 54 por ciento.

 

¿Cómo regularlo?

– Habrá que modificar la ley. Estos cobros son contraproducentes y un abuso para el usuario. Es importante hacer cambios para mejorar la competitividad en todo sentido.

 

¿Cuánto del impulso a la construcción de hidroeléctricas será inversión privada?

– En febrero se hizo una licitación de energía, y se adjudicaron 200 megas. De estos, afortunadamente el 80 por ciento fue inversión nacional. En octubre se ofertarán otros 600 megas. En los próximos años, las inversiones podrían superar los US$1,500 millones.

 

Hubo quejas del proceso adjudicado en febrero.

– Sacamos a licitar 800 megas, se ofrecieron 1,800, y solo se adjudicaron 200. Esto porque los 1,600 adicionales estaban a precios que no le convenían al país. Una cosa es instalar proyectos hidroeléctricos; otra, que pretendan hacer el negocio de su vida. Hoy seguimos pagando, a tarifas altísimas, el negocio de las barcazas. Los procesos serán cada vez más competitivos.

 

¿Por qué el Estado, vía el INDE, dejó de invertir en grandes proyectos?

– El INDE es proveedor del 36 por ciento de la generación y, desde Chixoy, hace 3 décadas, no ha desarrollado ninguna obra de alta envergadura. Nosotros queremos dejar arrancadas 2 o 3, empezando con la hidroeléctrica de Xalalá. Desde el 16 de enero trabajamos en ello, por medio de una división creada para el fin. Dos gobiernos lo han intentado, sin éxito.


¿Qué se hará distinto para evitar otro fracaso?

– Los oferentes, antes, tenían que hacer el trabajo social; buscar las tierras, hablar con las comunidades, y el INDE solo otorgaba la concesión. Ahora, desarrollará íntegramente el proyecto.

 

¿Está en capacidad de hacerlo?

– Sí. Y ello gracias a que tenemos un equipo específico trabajando en el tema, en forma conjunta con Segeplan, para que el desarrollo del sector sea integral: es decir, dialogar con las comunidades hasta llevar infraestructura de carreteras, pasando por algo como que el Programa de Electrificación Rural llegue a todas las comunidades, ya que una de las principales quejas es que en los sitios donde se instalan megaproyectos no se recibe energía eléctrica. Esto no ocurrirá con Xalalá.

 

¿Cuándo arrancaría este proyecto?

– Estaremos listos en junio 2013. Pero no lo inaugurará este gobierno. Los beneficios que se prevén por la explotación petrolera tampoco se percibirán durante esta administración. Es preciso pensar en el Estado y ver más allá de cuatro años de gobierno.

 

¿Qué opina de las organizaciones ambientalistas?

– Me he reunido con varias. Muchas veces no tenemos compatibilidad de criterios, pero les invito a buscar mecanismos de acción propositiva para que podamos desarrollar una estrategia conjunta y viable.


¿Cuándo no comparte criterios con ellas?

– Cuando la oposición es radical. Cuando es “no porque no“ a los proyectos mineros, sin fundamento.

 

Se teme el envenamiento del agua con arsénico.

– Si una empresa no cumple con cuidar al medio ambiente, el Estado debe clausurar esa operación y estamos dispuestos a hacerlo: o se cumplen con los estándares y reglas, o se cierran.

 

¿Por qué, siendo empresario, aceptó un puesto en el Gabinete?

– He cumplido con muchas de las metas que me había trazado y tengo la edad correcta. Creo que es importante que personas con valores y con una visión distinta se involucren en gestión pública. Con gente más calificada se pueden obtener mejores resultados. Los empresarios objetan participar en estos puestos por la exposición que se recibe o el tiempo que debe dedicársele.


Pero también ha habido casos en que se aprovechan del puesto para su beneficio.

– No es mi caso. Ninguna de mis empresas es afín a este sector, lo cual me permite tener opiniones objetivas y tomar decisiones congruentes. Me da gusto apoyar programas como la electrificación rural: hoy se sitúa en 18 por ciento y esperamos, al término de esta gestión, dejarlo en 90 por ciento. Yo invitaría a más empresarios a formar parte de la administración pública. Se necesita un cambio de visión y generacional. En estos 10 meses hemos tenido más logros que los alcanzados en administraciones anteriores durante 4 años. Los resultados están a la vista.

 

¿Cómo entiende el poder?

– Hay que saberlo manejar. Como vengo de fuera y no soy político, ni me asombra ni me asusta. Debe saberse emplear, pero no como una herramienta que permita acceder a algo más.

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